Responsabilidad civil por vertidos de Hidrocarburos

A concecuencia del juicio por el caso del hundimiento del petrolero Prestige y la contaminación producida por el vertido en las costas españolas. Como otros tantos casos de daños al medio ambiente, éste vertido no quedó exento de revuelo mediático que significó la creación de una comisión de investigación política en el Parlamento gallego.

Ahora, por fin, se va a decidir jurídicamente la responsabilidad por los hechos acontecidos, pero: ¿qué es exactamente lo que se va a decidir? ¿Qué régimen jurídico es el establecido para estos casos? Mediante la serie de artículos sobre responsabilidad civil por vertidos de hidrocarburos intentaré esbozar el marco jurídico a aplicar y los diversos condicionantes que en un acontecimiento de tal calibre se pueden producir.
Este primer artículo será una introducción al tema, al origen y al planteamiento de las soluciones jurídicas que se han planteado en los ordenamientos jurídicos internacionales.

El desarrollo de la economía después de la segunda guerra mundial trajo la necesidad de una explotación masiva del petróleo. Para trasladar el petróleo extraído de las zonas de producción (Oriente Próximo, Centroamérica) a las zonas de demanda (América del norte, Europa, Japón), el medio de transporte más económico y adecuado es el mar. Conforme la industria naviera innovaba y la inversión aumentaba, los buques dedicados al transporte de petróleo incrementaban su capacidad de carga. La mayor carga simultánea de petróleo implicaba un riesgo mayor si se producía algún accidente, pues no solamente era el tipo de carga, altamente contaminante, sino la gran cantidad de toneladas que llevaban, el espacio potencial de ser contaminado incrementaba.

El primer derrame que conmocionó a la comunidad internacional fue el producido en Inglaterra por el buque de bandera de Liberia Torrey Canyon. El gobierno de Reino Unido instó a que se regulara a nivel internacional la responsabilidad civil para este tipo de transporte, ya que hasta entonces la comunidad internacional no había previsto mecanismos legales para exigir esta responsabilidad. Otros accidentes que han motivado la reacción en la legislación internacional fueron los del Erika, Amoco Cádiz o Exxon Valdez. Tienen en común estos casos el ser producido en países desarrollados, ya que así pudieron captar la atención de la opinión pública y, a causa del daño ecológico producido, motivar que los gobiernos tomaran cartas en el asunto.
El régimen internacional fue establecido por las Naciones Unidas a través de la Organización Marítima Internacional (OMI) con dos convenios.Antes de que entrara en vigor el primer convenio de 1969 fueron los propietarios de los grandes buques los que acordaron en 1971 hacerse responsables de los posibles daños por contaminación, a través del convenio TOVALOP. Este acuerdo contenía una serie de cláusulas en las que se obligaban a garantizar unas cantidades para posibles indemnizaciones causadas por vertidos de hidrocarburos de sus buques. Así mismo, los productores de hidrocarburos, máximos beneficiarios de este sector, acordaron crear un fondo adicional para contribuir a pagar parte de las indemnizaciones causadas por el petróleo que perteneciera a sus compañías y que fuera derramado. Este acuerdo fue el conocido como CRISTAL.

La OMI promulgó dos convenios sucesivos y complementarios en 1969 y en 1971. El primero fue el “Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 1969” y el segundo el “Convenio de constitución de un fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación por hidrocarburos de 1971″. Como todo tratado internacional necesita la ratificación por un número mínimo de Estados y esto provocó que hasta 1975 no entraran en vigor. Ambos convenios han sido modificados varias veces conforme se han ido viendo obsoletos, sobre todo por los límites máximo de indemnizaciones pagar por la responsabilidad, siendo la última modificación sustancial en 1992, convenios vigentes hasta la actualidad. Estos dos son lo que se aplicarán en el juicio del Prestige y serán objeto de análisis en los próximos artículos.

Estados Unidos se distanció de estos convenios internacionales para continuar con su normativa interna. En 1990 promulgó su Oil Pollution Act que establecía unas condiciones más duras que el régimen internacional y recogía la responsabilidad por daños ecológicos.

20130407-105845 p.m..jpg

Anuncios