Nueva tasa de salario mínimo con un aumento entre 15% y 18% a partir del 1 de enero de 2012

En virtud que la Comisión Nacional de Salario Mínimo –constituido por los trabajadores y los empleadores- no llegó a un acuerdo sobre el salario mínimo que debe empezar a regir a partir del 1 de enero de 2012, el Órgano Ejecutivo fijó un aumento de entre 15 y 18% del salario mínimo por hora, según actividad económica, ocupación y tamaño de las empresas en todo el territorio nacional.

La nueva tasa de salario mínimo que empezará a regir –en el sector privado- a partir del 1 de enero de 2012 se aplicará en las dos regiones laborales integradas por los siguientes  distritos:

Región 1: Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, Bocas del Toro, La Chorrera, Arraiján, Capira, Chame, Antón, Natá, Las Tablas, Bugaba y Boquete.

Región 2: Resto de los distritos del país.

La ministra de Trabajo, Alma Cortés explicó que de la región 2 a la uno se pasaron 7 distritos (Capira, Chame, Antón, Natá, Las Tablas, Bugaba y Boquete), con lo cual queda conformada por un total de 18 distritos.

Para ambas zonas el rango varía según actividad y tipo de ocupación con trato especial a las pequeñas empresas y al sector agropecuario.

La Ministra Cortés recordó que desde que asumió este Gobierno se han incluido nuevos distritos en la Zona 1 (se pasó de 3 a 18) con el propósito de hacer una distribución más justa de las riquezas en el país.

Debido al auge de  centros comerciales en el país, la ministra explicó que se hizo una nueva reclasificación en este tipo de comercios (con más de 50 locales), en donde se fijó el aumento de salario en un 18%.

Otro de los ajustes establecidos se dio en la profesión de periodistas, a quienes se les incrementó el salario mínimo, pasando de 376 balboas a 490.68 balboas, lo que representa un incremento de 18%.

También se estableció que las ramas de actividad económica que establecen la división de pequeña y gran empresa se considerarán “pequeñas” – si se trata de empresas agrícolas, pecuarias o de servicio o ventas al por menor- las que tengan 10 o menos trabajadores permanentes. Empresas manufactureras las que tengan 15 trabajadores o menos y empresas agroindustriales las que empleen a 20 o menos trabajadores

En el renglón de salario mínimo mensual para el servicio doméstico se estableció que en la región 1 se deberá pagar 200 balboas y en el región dos, 175 balboas.

El Decreto Ejecutivo No.240 del 28 de diciembre de 2011 deroga el Decreto Ejecutivo No. 263 de 21 de diciembre de 2009 y el No. 13 de 19 de enero de 2010 y todas aquellas disposiciones reglamentarias que le sean contrarias.

Este es el segundo salario mínimo que fija el actual Gobierno para el sector privado. La primera vez se estableció en diciembre de 2009 mediante el Decreto Ejecutivo No. 263 por medio del cual se dio el mayor aumento en los últimos 50 años. En la Zona 1, ese incremento fue entre 33 y 95 balboas al mes y en la Zona 2, entre 31 y 95 balboas al mes.

En marzo de 2010, el presidente Ricardo Martinelli anunció un aumento de 50 dólares al salario mínimo de los empleados públicos como parte de los planes del Gobierno Nacional para mejorar la calidad de vida a todos los panameños.

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26940_C/36210.pdf

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Portabilidad Numérica

A partir del 29 de noviembre, los portadores de los 6.4 millones de celulares activos en el país, de los cuales el 90% son clientes de prepago, y también quienes son usuarios de los servicios de la telefonía fija, podrán mantener su mismo número telefónico cuando cambien de operador.

Esto se dará gracias a la firma del contrato con la empresa holandesa Porting Access B.V., que será la encargada de brindar el servicio de portabilidad numérica en el país.

Ampliación del sector de las telecomunicaciones

La entrada en ejecución del servicio permitirá fortalecer y mejorar el sector de las telecomunicaciones en el país a través del establecimiento de tarifas más competitivas, la atracción de nuevos clientes y la mejora en la calidad de los servicios.

Reducción del trámite

Entre las modificaciones introducidas a la Ley 70 de 2009, discutida en la Asamblea Nacional durante el periodo 2009-2010, se destaca que quienes deseen cambiar de operador y conservar el mismo número de teléfono podrán realizar todo el trámite en un solo día, no en tres, como se planteó en el texto original.

Para mayor información, escríbenos a info@solislegal.com

¿Puede una sociedad mercantil delinquir?

Recientemente, se modifico nuestro 7ordenamiento jurídico penal, con la reforma a nuestro código penal y la creación de un código de procedimiento penal, incluyendo una modificación del Código Penal de especial trascendencia para las sociedades mercantiles, estableciendo la posibilidad de que, cometido un delito a lo interno de una empresa por algún legal representante o trabajador, se produzca una transferencia de responsabilidad penal a la sociedad mercantil, de manera que el procedimiento penal se puede seguir también contra la sociedad mercantil y ésta puede acabar siendo condenada a una pena con independencia de que recaiga o no una sanción penal sobre la concreta persona física autora del hecho.

Sin embargo, la reforma no implica que todo delito cometido en el seno de una empresa vaya a conllevar un riesgo de condena penal para la misma. Para que ello suceda es preciso:

1. Que el delito cometido sea uno de los que se ha previsto específicamente, que podríamos agrupar en líneas muy generales en dos grupos que responden a dos concepciones distintas de la empresa.

Un primer grupo de delitos que afectaría principalmente a aquellas empresas creadas ex profeso para la comisión de ilícitos penales: tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos; trata de seres humanos; delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores; tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas; blanqueo de capitales; tráfico de drogas; falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje; delitos relativos a las organizaciones y grupos criminales y delito de captación de fondos para el terrorismo.

Un segundo grupo de delitos que afectaría a empresas que operan con normalidad en el tráfico mercantil pero en cuyo seno, en algún momento de su andadura, se comete por un legal representante o un trabajador alguno de los siguientes ilícitos penales: descubrimiento y revelación de secretos; estafa; insolvencias punibles; daños informáticos; delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (incluido el nuevo de corrupción entre particulares); delitos contra el Estado y contra la Seguridad Social; delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente; delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos; delito relativo a las radiaciones; estragos; cohecho; tráfico de influencias y delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

2- Que nos hallemos ante alguno de los dos siguientes supuestos:

a) Delito cometido por un legal representante o administrador de hecho o de derecho.

Por administrador de hecho vienen entendiendo los Tribunales tanto aquél en el que concurra alguna irregularidad de su situación jurídica (por haber caducado, resultar defectuoso o no haber aceptado o inscrito el nombramiento) como aquél que adopta e impone las decisiones de la gestión de una sociedad, quien de hecho manda o gobierna desde la sombra, esto es, quien de facto ejerce el mismo poder de decisión que el administrador de derecho.

Para que la sociedad mercantil incurra en responsabilidad penal  no bastará con que uno de sus legales representantes o administrador de hecho o de derecho hayan cometido un delito de los previstos especialmente, sino que será preciso además:

– que la actuación ilícita se haya llevado a cabo en nombre o por cuenta de la sociedad mercantil, esto es, que la persona actúe en la comisión del hecho delictivo en calidad de representante de la empresa y en el marco de sus funciones empresariales. Ello implica que la sociedad mercantil no debe responder por los actos llevados a cabo fuera del marco de los poderes de representación.

– que la actuación ilícita se haya realizado en provecho de la sociedad mercantil, debiendo ser entendido como tal tanto el provecho directo (obtención de un beneficio empresarial) como el provecho indirecto (ahorro de un coste a sabiendas de que se incrementa el riesgo de un resultado delictivo, beneficio estratégico desde el punto de vista de la posición en el mercado, etc).

b) Delito cometido por sus subordinados.

En estos supuestos, la empresa responderá por los delitos cometidos por las personas que esténsometidas a la autoridad de sus legales representantes o administradores, lo que incluye tanto a los empleados con los que se ha establecido una relación laboral como a cualquier sujeto que desarrolle una actividad para la empresa integrado en su ámbito de dominio social (comerciales que aunque formalmente ostenten la condición de trabajadores autónomos trabajan bajo la autoridad de los directivos de la empresa y en muchas ocasiones en exclusiva para la misma, subcontratados, etc).

Para la determinación de la responsabilidad penal de la sociedad mercantil en este supuesto, deberán concurrir los siguientes requisitos:

– que el delito lo cometa el subordinado en el ejercicio de actividades societarias y por cuenta y en provecho de la empresa, lo que implica, igualmente, que no todo hecho delictivo cometido en el seno de la empresa es susceptible de generar responsabilidad para la misma, sino únicamente aquél en que la persona haya actuado por cuenta de la empresa en el ejercicio de las actividades que tiene encomendadas y en provecho de la misma, aunque se trate de un provecho indirecto como en el caso anterior

– que el subordinado haya podido llevar a cabo el hecho delictivo por no haber ejercido sobre él la empresa el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.9999

Ello quiere decir que si la sociedad mercantil ha ejercido el debido control sobre sus subordinados y, aún así, alguno de éstos ha burlado los controles y ha cometido un delito, la empresa no debe responder penalmente. Pero ¿cómo acreditamos la existencia del debido control? En líneas generales, los instrumentos con los que puede contar la empresa son de tres tipos:

i) instrumentos de prevención: como pueden ser la definición de las normas y principios éticos por los que debe regirse el comportamiento de todos los agentes de la empresa, el análisis de los riesgos penales en función de la concreta actividad, la prohibición expresa de aquellas conductas que puedan ser consideradas constitutivas de delito, etc. ii) instrumentos de control: internos o externos, que supervisen de manera continuada el cumplimiento de la normativa interna establecida para evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa y evalúen la existencia de nuevos riesgos, como por ejemplo medidas que faciliten a los trabajadores la denuncia interna del incumplimiento de los códigos de conducta garantizando el anonimato del denunciante, etc.

iii) instrumentos disciplinarios: como la implantación de un régimen de sanciones internas que afecten a empleados y directivos de los que aquéllos dependen, de manera que éstos se involucren, a su vez, en el control sobre aquéllos.

COBROS EXTRAJUDICIALES

El acceso al crédito cambió la forma de consumo de los panameños. Permitió el acceso a más y mejores bienes y otorgó nuevas posibilidades a los segmentos menos privilegiados de la población. Sin embargo, ¿sabe usted qué sucede cuando se atrasa con sus obligaciones de pago? Inicia operaciones un sistema de recaudación extrajudicial, y sus prácticas no muy agradables.

Las quejas son muchas, que van desde recibir llamadas fuera de los horarios permitidos, de acoso telefónico, de recibir cartas que aparentan ser escritos judiciales, que se les informa de la deuda a terceros o se les exigen gastos de cobranza antes de los 15 días que establece la ley.

Sin embargo, la sensación de desprotección que muestran los consumidores es evidente, pues si un deudor se siente vulnerado, debe acudir a los tribunales, lo cual parece una tarea inalcanzable.

La salida, en estos casos, sería ir al AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ACODECO). “Si los consumidores sufren cobranzas que no se ajusten a la ley, tienen derecho a reclamar directamente a la empresa a la que le deben, y si no obtienen respuesta, a la ACODECO, proceder ante los Tribunales de Justicia.

¿Qué son las empresas de cobranza y a qué se dedican?

Aunque comúnmente se les llama empresas de cobranza, en estricto rigor son empresas recaudadoras y su función principal es la de realizar cobranzas extrajudiciales.

Sin embargo, mucho de ellos, gracias a que cuentan con equipos de abogados, también ofrecen dentro de sus servicios la gestión de cobranzas judiciales. Asimismo, ofrecen el servicio de cobranza preventiva (anticipar la morosidad de las deudas). Estas empresas pueden ser independientes o estar asociadas a una empresa mayor, como un banco o un retailer.

¿Qué pueden hacer las empresas de cobranza?

Estas entidades están facultadas para:

* Realizar llamados telefónicos en días y horas hábiles.
* Enviar cartas de cobranza al deudor.
* Visitar el domicilio del deudor.

¿Qué no pueden hacer?

La Ley del Consumidor establece claramente que la cobranza extrajudicial no puede considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales, tampoco pueden comunicarles la situación de morosidad a terceros, ni realizar visitas a la casa o llamados telefónicos en horarios no hábiles (sólo pueden hacerlo entre las 8 y las 20 hrs., en días no feriados). Y en general, no pueden tener conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia de sus miembros y la situación laboral del deudor.
Lo anterior se aplica a todas las operaciones de consumo regidas por la Ley del Consumidor, aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito.

Pero todo esto, no siempre se cumple. “Se ven casos en que la carta de cobranza va medio abierta y cae en la casa del vecino. Si todo el mundo sabe que debo plata, yo voy y pago, priorizo eso. También pasa que llaman fuera de los horarios establecidos. Eso ocurre porque son horas más efectivas, la gente está en la casa. Lamentablemente, también se utiliza el llamado a la oficina o a los parientes.
En tanto, apela a la disciplina de las empresas: “Este tipo de prácticas son difíciles de probar, por lo que es importante la disciplina de las mismas empresas”, dice. Agrega que cobrar no es asustar ni es amenazar a los consumidores. “Si bien los consumidores deben pagar sus deudas, de la misma forma, las empresas deben respetar la dignidad del deudor y su estabilidad laboral”, señala.

¿Cuál es el conducto regular cuando dejo de pagar una deuda?

Depende de las políticas de cada entidad. Pero en general, el conducto que se sigue es el siguiente:
* Tras constatarse la morosidad, la empresa acreedora cita telefónicamente o por escrito al deudor a la oficina de repactaciones.

* Cuando no hay respuesta a los llamados, se pasa a una oficina especializada que puede ser de la misma empresa o una empresa externa contratada para tal efecto. “Ahí, las políticas son diferentes, porque la empresa externa gana en la medida en que recauda”.

* La empresa de cobranza utiliza todos los mecanismos a su alcance para llegar a un acuerdo de pago con el cliente.
* La empresa de cobranza envía un reporte a la empresa acreedora informando que la cobranza extrajudicial fracasó.
* La empresa acreedora toma la decisión de enviarlo o no a cobranza judicial.

* A través de la gestión de un abogado (de la empresa acreedora o de la empresa de cobranza si es que este último cuenta con un mandato) se realiza una demanda en tribunales.

* El tribunal recibe la demanda y ordena la notificación judicial al deudor.

* Se lleva a cabo un juicio ordinario o un juicio ejecutivo, dependiendo en cada caso de los títulos que tenga el acreedor para demandar.

* Si el cliente no paga, se intentará embargar bienes para, con su posterior remate, dejar saldada la deuda.

¿Me pueden enviar a ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE CREDITO (APC)?

Normalmente, el envío de los datos del cliente moroso a la APC o a las bases de datos similares, ocurre en las primeras etapas del proceso.
Estas empresas que manejan bases de datos están facultadas para publicar la información recibida, lo cual no constituye una falta a la normativa.
Esta ley, también establece que estas empresas pueden comunicar datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial. Eso sí, existen algunas excepciones, tales como deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas.

¿Qué son los gastos de cobranza?             
Los gastos de cobranza se aplican transcurridos 15 días corridos desde el vencimiento de la deuda.

Si cuento con el dinero para pagar, ¿cómo lo hago?             
La respuesta a esta pregunta depende de si usted está en el ámbito de cobranza extrajudicial o en el judicial.

En el primer caso, la ley establece que el consumidor se puede entender directamente con la empresa acreedora. Por lo que aún es tiempo de repactar y alcanzar acuerdos con la firma.

Muy diferente es si usted ya está en medio de un juicio. En este caso, es mucho más complejo, ya que hay que pagar la deuda directamente en el tribunal. Los tribunales no tienen una ventanilla de pago para tales efectos, por lo que será necesaria la asesoría de un abogado para realizar el trámite. Ello le significará pagar unos B/.400.00 o B/.500.00 por esta asistencia jurídica.

Otro punto a considerar es que a estas alturas la deuda puede haberse incrementado considerablemente, debido a la suma de los intereses, reajustes y gastos de cobranza.

Hecho el pago correspondiente, la persona queda libre del embargo y del remate de sus respectivos bienes.

¿Dónde acudir si creo que la empresa de cobranza está actuando por sobre sus facultades?
La recomendación de los expertos es acudir al organismo encargado de defender los derechos de los consumidores, en este caso AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ACODECO), porque presentar directamente una demanda en el juzgado de policía local significa incurrir en gastos extras, ya que se necesita de la gestión de un abogado.

Las empresas que infrinjan la Ley de Protección al Consumidor arriesgan multas de hasta B/.20,000.00, sanción que debe ser aplicada por el tribunal de policía local correspondiente.

¿Cómo puedo comprobar que la empresa de cobranza representa a la empresa a la cual le debo dinero?
La normativa establece que en toda operación en que se conceda crédito al consumidor, el proveedor debe informar si la cobranza extrajudicial la realizará él mismo o a través de terceros. Si se opta por la última opción, se debe especificar cuál es la empresa que realizará estas funciones.

¿Qué ganan estos cobradores?
Estos cobradores llegan a acuerdos con las empresas acreedoras. Estos acuerdos implican que un porcentaje de lo recaudado o de la repactación que se consiga va a la empresa de cobranza.
En la mayoría de los casos estas firmas actúan sólo como intermediarias entre el acreedor y el deudor, por lo que no es común que sean ellas las que reciban el dinero. Su gestión es principalmente de contacto y negociación.

Impresoras Fiscales

Sobre la implementación de impresoras fiscales, esto se hacen referencia al parágrafo 2 del artículo 12 de la Ley 76 de 1976, modificado por el artículo 136 de la Ley 8 del 5 de marzo de 2010 (Gaceta Oficial No.26489-A), el cual en su contexto señala lo siguiente a saber:

Quedan exceptuados del uso de Equipos Fiscales, las personas dedicadas a:

  • • Las actividades agropecuarias.
  • • Las transacciones de bienes inmuebles y de aquellos bienes muebles que deban constar o consten de escritura pública.
  • • Los servicios de transporte público nacional de personas por vía terrestre y marítima.
  • • Las operaciones y servicios en general realizados por los bancos y otras instituciones financieras, incluidas las empresas de arrendamiento financiero….
  • • Las operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Panamá.
  • • Los servicios prestados bajo relación de dependencia de conformidad con el Código de Trabajo.
  • • Los servicios prestados en ejercicio de profesiones liberales, artesanales y artísticas.

Del artículo citado, podemos señalar, que: solo las empresas y personas en esta lista, quedan exceptuadas del uso de equipo fiscal.

No importa si solo se realiza una operación al año, o si usted tiene solo libretas manuales, no importa cuánto usted facture; si usted no está dentro de esta lista, está obligado a adquirir los equipos fiscales.

Posteriormente el Decreto Ejecutivo 58 de 16 de junio de 2010 (Gaceta Oficial 26561-B, por el cual se establecen las normas relativas a la adopción de Equipos Fiscales, en su artículo 1 señala que:

Artículo 1: Están obligados a implementar y cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, toda persona natural y jurídica que según los Artículos … 133, 134, 135, 136 y 137 de la Ley 8 de 2010, estén obligados a adoptar y utilizar equipos fiscales para documentar sus operaciones de transferencia, venta de bienes y prestación de servicios mediante la expedición de factura o de documento equivalente.

Los artículos del 133 al 137 antes referidos se encuentran en la Gaceta Oficial. Ya transcribimos en parte lo que decía el artículo 136 antes señalado. El resto de los artículos básicamente señalan lo siguiente:

Artículo 133. Indica los requisitos de la factura, los cuales ya son conocidos, pero añade un punto: que ahora se debe indicar el Número del Equipo Fiscal en la Factura. No sabemos qué ocurre si usted tiene varios equipos fiscales. ¿Se añaden todos en la factura? ¿O tiene que ser un grupo de factura por equipo fiscal?

Cabe señalar que se elimina, dentro de los requisitos de la factura, el nombre de la imprenta que confeccionó la factura, la secuencia numérica del lote de facturas y la fecha en que se imprimió la factura.

Artículo 134. Señala que la DGI puede autorizar el uso de otros comprobantes.

Artículo 135. Señala facultades que tiene la DGI para que se incluyan otros requisitos y formalidades en las facturas al igual que la potestad de autorizar al contribuyente el uso de otros mecanismos especializados de facturación o archivo de copias de facturas.

Artículo 137. Menciona el reconocimiento en forma de crédito que tendrá el contribuyente que adquiera los equipos fiscales, de hasta un 50%, con un límite de B/.700.00.

Sin embargo, quizás el punto más importante es que en la página anterior solo transcribimos el parágrafo 2 del artículo. 136 de la Ley 8, pero el parágrafo 1 de dicho artículo 136 dice lo siguiente:

 Parágrafo 1: Los contribuyentes que, en el ejercicio de sus actividades comerciales, industriales, profesionales o similares, y que por razón del giro, volumen o naturaleza de sus actividades, hayan requerido o requieran de otras formas sustitutas de documentar o facturar, quedan obligados al uso o adopción de Equipos Fiscales, previamente autorizados por la DGI. La DGI está autorizada para revocar autorizaciones concedidas previamente para el uso de cualquier otro formato, sistema y/o medios de emisión de sustitutos de factura.

Posteriormente continúa el parágrafo 2 que transcribimos en la primera página, señalando: ”Quedan exceptuados del uso de equipos fiscales las personas dedicadas a las siguientes actividades: … (ver lista en la primera página).

En seminarios en los que hemos participado, algunos abogados expertos en el tema sugieren que parágrafo 1 del artículo 136 dice claramente quienes están obligados (los que utilicen sustitutos de facturas) y que el parágrafo 2 dice quienes dentro de ese grupo están exceptuados.

Si continuamos leyendo el Decreto Ejecutivo 58 del 16 de junio de 2010 (Gaceta Oficial 26561-B), vemos que en su Artículo 35, establece un plazo seis (6) meses, a partir de la vigencia del mismo, para adquirir los equipos fiscales.

Adicionalmente, usted tiene hasta el 30 de septiembre para adquirir los equipos fiscales con un crédito del 50% del precio pagado, siempre que su costo no pase de B/.1,400.00, porque el crédito nunca será mayor de B/.700.00.

¿Qué podemos entender por “Sustituto de Factura”?

El artículo 12 del Decreto Ejecutivo No. 91 del 25 de agosto de 2010 (Gaceta Oficial 26606-B) señala:

Sustitutos de Facturas: Cuando por la naturaleza o el volumen de sus actividades, el contribuyente no pueda expedir las facturas o documentación equivalente requerida en los artículos anteriores para registrar sus operaciones, la DGI podrá autorizar, conforme al Decreto Ejecutivo 53 de 16 de junio de 2010, previa solicitud, su sustitución por otros comprobantes, incluso boletos impresos de cajas registradoras fiscales. Para tales efectos la referida Dirección está facultada a dictar las normas necesarias que permitan el efectivo control de las empresas que se acojan a este sistema de facturación sustitutivo…

En otras palabras, estamos hablando de cajas registradoras u otros equipos que sustituyen la factura preimpresa que se señala en el artículo 133 por otro documento autorizado por la DGI.

En este sentido, si usted no adquiere el equipo fiscal, estando obligado a ello, perderá el beneficio del crédito del 50% que señalamos anteriormente y además estaría sujeto a multas y recargos. El Director de la DGI ha señalado en los medios de comunicación, que cerraría el local comercial que estando obligado a ello no adquiera el equipo fiscal.

Le quedaría a usted entonces la opción de apelar ante los tribunales la decisión.

Usted o sus asesores legales tendrían que interpretar si está obligado o no a adquirir dichos equipos.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO

El nuevo Tribunal Administrativo Tributario comunica que abrió sus puertas el pasado 1º de junio, en donde los miles de contribuyentes en Panamá podrán contar con un tribunal en donde sus recursos de apelaciones serán resueltos en total estricto apego a la Ley y en cumplimiento del debido proceso frente a las decisiones que emite la Dirección General de Ingresos (DGI).

Para iniciar funciones, se procedio al nombramientos de tres magistrados principales y tres suplentes del nuevo Tribunal Administrativo Tributario (TAT), en donde se ventilarán los conflictos en materia fiscal.

Como magistrados principales de este ente creado mediante la Ley 8 de 2010, fueron aprobadas las designaciones de los licenciados Isis Lisette Ortiz Miranda, Reinaldo Achurra Sánchez y Hernán De León Batista.

De igual manera, el Parlamento aprobó los nombramientos de los magistrados suplentes del TAT a Elías Solís González, Xiomara Acosta Lombardo y Maribel Ortiz Sandoval.

La ley establece que el TAT estará integrado por tres magistrados así: dos abogados y un contador público autorizado, los cuales serán nombrados por el Presidente de la República con sus respectivos suplentes.

Los magistrados ratificados manifestaron que su trabajo estará dirigido a una “justicia tributaria equitativa con el mayor equilibrio que desean los contribuyentes”.

El Tribunal Administrativo Tributario está ubicado en el Edificio Victoria Plaza, piso 3, calle 51 este Obarrio (atrás de los estacionamientos de la Iglesia El Santuario Nacional). Tel. 831-5220.

Promoción y Protección a la Inversión: Las siguientes leyes protegen la inversión extranjera en Panamá.

Ley No. 54 del 22 de julio de 1998: “Por la cual se dictan medidas para la Estabilidad Jurídica de las Inversiones”

Ley No. 19 del 8 de enero de 1996: “Por medio del cual se aprueba el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de las Inversiones” (MIGA).

Ley No. 27 de 7 de julio de 2000: “Por la cual se aprueba el acuerdo relativo al fomento de la inversión entre el gobierno de la Republica de Panamá y el gobierno de los Estados Unidos de América”.

Convenios Bilaterales vigentes relativos a la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (ver siguiente lista).

Convenio entre la República de Panamá y los Estados Unidos de Norteamérica. Firmado en Washington D.C., el 27 de octubre de 1982; entró en vigencia el 30 de mayo de 1991.

Convenios de Promoción y Protección de Inversiones.

Convenios Bilaterales vigentes relativos a la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

Convenio entre la República de Panamá y los Estados Unidos de Norteamérica.  Firmado en Washington  D.C., el 27 de octubre de 1982; entró en vigencia el 30 de mayo de 1991.

Convenio entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República de Francia.  Firmado en Panamá el 5 de noviembre de 1982; entró en vigencia el 3 de octubre de 1985.

Convenio entre la República de Panamá y el Reino Unido de Gran Bretaña.  Firmado en Panamá el 7 de octubre de 1983; entró en vigencia el 7 de noviembre de 1985.

Convenio entre la República de Panamá y la Confederación Suiza.  Firmado en Panamá el 19 de octubre de 1983; canje de notas para entrada en vigencia del 19 de octubre de 1983 y 22 de agosto de 1985.

Convenio entre la República de Panamá y la República Federal de Alemania.  Firmado en Panamá el 2 de noviembre de 1983; entro en vigencia el 12 de marzo de 1989.

Convenio entre la República de Panamá y la República de China.   Firmado en Taipei el 26 de marzo de 1992;  entró en vigencia el 14 de julio de 1992.

Convenio entre la República de Panamá y el Gobierno del Canadá.  Firmado en Guatemala el 12 de septiembre de 1996; entró en vigencia el 13 de febrero de 1998.

Convenio entre la República de Panamá y la República de Argentina.  Firmado en Panamá el 10 de mayo de 1996;   entro en vigencia el 22 de junio de 1998.

Convenio entre la República de Panamá y el Reino de España.  Firmado en Panamá el 10 de noviembre de 1997; entro en vigencia el 31 de julio de 1998.

Acuerdo entre la República de Panamá y el Gobierno de la República de Cuba.  Firmado en Panamá el 27 de enero de 1999; entró en vigencia el 26 de julio de 1999.

Convenio entre la República de Panamá y la República de Chile.  Firmado en Santiago de Chile el 8 de noviembre de 1996; entró en vigencia el 30 de septiembre de 1999.

Convenio entre la República de Panamá y la República Oriental del Uruguay.  Firmado en Panamá el 18 de febrero de 1998; entró en vigencia el 22 de febrero del 2001.

Convenio entre la República de Panamá y la República Checa.  Firmado en Panamá el 27 de agosto de 1999; entró en vigencia el 20 de octubre de 2000.

Convenio entre la República de Panamá y el Reino de los Países Bajos.  Firmado en Panamá el 28 de agosto de 2000; entró en vigencia el 1° de septiembre de 2001.

Acuerdo entre la República de Panamá y el Gobierno de la República de Corea.   Firmado en Seúl el 10 de julio de 2001; entró en vigencia el 8 de febrero de 2002.

Acuerdo entre la República de Panamá y el Gobierno de República Dominicana.  Firmado en Santo Domingo, el 6 de Febrero de 2003.  El Acuerdo aun no a entrado en vigencia debido ha que falta el Canje de notas por parte de la República Dominicana.

Convenio entre la República de Panamá y Ucrania.  Firmado en Ciudad de Panamá el 4 de noviembre de 2003. El Acuerdo aun no ha entrado en vigencia debido a que falta canje de notas por parte de Ucrania.

Convenio entre la Republica de Panamá y la Republica de México. Firmado recientemente en la ciudad de México el 11 de Octubre del 2005. aun no ha entrado en vigencia.

Convenios Multilaterales vigentes  para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones.

Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.  Hecho en Washington D.C., el 19 de noviembre de 1984 y firmado por Panamá el 9 de agosto de 1985; ratificado el 20 de febrero de 1986.

Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).  Hecho en Seúl, Corea, el 11 de octubre de 1985 y firmado por Panamá el 31 de enero de 1995; ratificado el 21 de mayo de 1996.

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados.  Hecho en Washington el 18 de marzo de 1965 y firmado por Panamá el 22 de noviembre de 1995; ratificado en 1996.

Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).  Adoptado en Washington D.C., el 11 de febrero de 1992; Deposito de Instrumento de Contribución el 10 de noviembre de 1999.